Apartheid en Cuba
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    “Ilegales” en nuestro propio país: El Estado fomenta la discriminación en Cuba

    "Ilegales" en nuestro propio país: El Estado fomenta la discriminación

    en Cuba

    Martes, Mayo 8, 2012 | Por Laritza Diversent

    LA HABANA, Cuba, mayo, www.cubanet.org -Una inusual discusión entre

    lectores, en la sección semanal Cartas a la Dirección, del diario

    Granma, sobre la migración de personas de otras regiones de la isla

    hacia la capital, llama a la reflexión sobre actitudes discriminatorias

    que se enraízan en la población cubana.

    "No podemos darnos el lujo de descuidarnos y que, por negligencia,

    provoquemos una abierta migración interna y una población flotante que

    nada aporta y mucho perjudica", comentó Pozo Álvarez, en una misiva

    publicada en la sección, el viernes 23 de marzo.

    La Habana, según datos estimados por la Oficina Nacional de

    Estadísticas, en el año 2010 tenía, aproximadamente, 2 135 498 millones

    de habitantes, y una población flotante superior al medio millón de

    personas, que la visitan o viven en ella temporalmente.

    Para el comentarista, estas personas, "en su mayoría ilegales",

    perjudican "el acceso al público urbano, a los servicios

    básicos, la ". "Este estrato social no logra insertarse

    adecuadamente, de forma gradual se vuelven portadores de una conducta

    antisocial, al atravesar un deterioro paulatino de su comportamiento

    individual, y, en el peor de los casos, terminan cometiendo actos

    delictivos", agregó.

    Según el lector, los migrantes provenientes de otras regiones del país:

    "Son el reflejo despreciable de una realidad socio cultural, que de

    alguna forma altera el sistema de valores y la imagen de nuestro

    pueblo". "Se trasladan malos hábitos, comportamientos inadecuados y

    modos de vida incompatibles, que son rechazados por la población".

    "Aunque se han aprobado decretos que reglamentan estos traslados

    espontáneos hacia La Habana, aún existen fallas visibles en su

    implementación", afirmó Pozo Álvarez en otro de sus comentarios,

    publicados el pasado 20 de abril. El comentarista se refería al Decreto

    217 "De Regulaciones migratorias internas para Ciudad de la Habana"

    Este decreto impide a las personas provenientes de otros territorios del

    país residir en La Habana sin previa autorización gubernamental. Les

    exige solicitar, a los presidentes de los gobiernos locales, a través de

    la Direcciones Municipales de la Vivienda, el reconocimiento del derecho

    de residencia, y con él, la de circular dentro de la capital.

    Hasta la fecha, más de 17 disposiciones legales implementan su

    aplicación. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social prohibió a las

    entidades estatales radicadas en la Habana, contratar de manera

    individual a trabajadores no residentes permanentes en la misma. Igual

    prohibición estableció para las Direcciones de Trabajo, respecto al

    otorgamiento de licencias para el trabajo por cuenta propia.

    La norma emitida, en 1997, por el Comité Ejecutivo del Consejo de

    Ministros, instituye, además, un sistema de contravenciones personales

    para los casos de incumplimiento. Las multas van desde los 200 hasta

    1000 pesos, moneda nacional. En todo caso, exige a los infractores la

    obligación de retornar de inmediato al lugar de origen.

    Los órganos policiales, las Direcciones Municipales de la Vivienda y las

    Oficinas del Registro de Direcciones, se encargan de ejecutar la norma

    al pie de la letra. Se ha dado el caso de ciudadanos que han sido

    multados varias veces por "ilegales", en virtud del Decreto 217, por

    cada una de estas entidades estatales.

    "Es una realidad cruda que golpea e impacta negativamente la imagen del

    país", afirmó Pozo Álvarez "De mantenerse estas corrientes migratorias

    espontáneas y no controladas, hacia La Habana, la vida en la capital

    será cada vez más adversa e insostenible, y eso no podemos permitirlo",

    concluyó.

    Sin , las autoridades se exceden en la aplicación de las citadas

    medidas prohibitivas. Los órganos policiales tienen autorización para

    detener, arrestar y deportar a su lugar de origen, a las personas

    sospechosa de estar ilegales en La Habana, a pesar de que ninguna norma

    penal criminaliza la estancia en la capital, como un delito.

    Los tribunales revolucionarios, por su parte, llegan al extremo de

    declarar en estado peligroso, por conducta antisocial, a los ciudadanos

    que reincidentemente, violentan las disposiciones del decreto 217. La

    aplicación de la medida conlleva hasta 4 años de privación de la libertad.

    "La política socio migratoria de nuestro país es muy clara y se

    corresponde con nuestras particularidades, por lo que ni remotamente es

    discriminatoria", afirmó el lector del diario Granma. La Constitución

    cubana, sin embargo, reconoce que "los ciudadanos…se domicilian en

    cualquier sector, zona o barrio de las ciudades…".

    No hay dudas. La discriminación entre cubanos respecto a la migración

    interna, es estimulada por disposiciones y por actos del gobierno, que

    en contra de los dictados constitucionales, restringe las libertades

    ciudadanas.

    http://www.cubanet.org/articulos/%e2%80%9cilegales%e2%80%9d-en-nuestro-propio-pais-el-estado-fomenta-la-discriminacion-en-cuba/

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