Apartheid en Cuba
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    Ley de Inversión Extranjera – más apartheid

    Ley de Inversión Extranjera: más apartheid
    JORGE A. SANGUINETTY | Miami | 29 Abr 2016 – 7:23 am.

    A primera vista, la ley cubana de inversiones extranjeras (Ley 118,
    abril de 2014) tiene como objetivo atraer capitales al país con el fin
    de elevar sus niveles de producción, en especial de productos
    exportables. Atraer capitales extranjeros es perfectamente razonable
    para cualquier economía, pero en el contexto de Cuba es necesario hacer
    varias observaciones.

    Todos los países, incluso los más ricos, se benefician de las
    inversiones extranjeras, o sea, del flujo de capitales proveniente de
    otras naciones para aumentar la capacidad productiva del país (inversión
    directa) o adquirir propiedades ya existentes o instrumentos de capital
    (inversión financiera). La economía cubana necesita estas formas de
    inversión, pero especialmente la directa, no solo para resolver su
    crisis crónica de producción sino por otras razones, todas perentorias.
    Una de ellas es la de crear una capacidad inversionista capaz de
    aumentar la pobre capacidad nacional de generar recursos para la
    inversión. O sea, la economía cubana bajo el castrismo ha sido incapaz
    hasta de generar un mínimo de inversiones para por lo menos asegurar el
    reemplazo de las existentes cuando fueron expropiadas y para generar
    suficiente empleo bien remunerado. En otras palabras, el supuesto
    socialismo cubano ni siquiera ha podido asegurar la “reproducción
    simple” (término marxista) de su economía, lo que debiera escandalizar a
    aquellos que todavía creen en este tipo de organización económica.

    Otra de las razones para atraer capitales extranjeros a Cuba va más allá
    de lo que se ve a simple vista y consiste en atraer conjuntamente
    capacidades gerenciales de todo tipo a una economía que no solo perdió
    una proporción catastrófica de sus dotaciones de capital físico,
    financiero, humano y social, sino también la capacidad de manejo
    (management) de esos capitales.

    Las expropiaciones de empresas en 1960 fueron seguidas por la pérdida
    masiva de su personal gerencial, administrativo y técnico, lo que ha
    afectado todos los aspectos operativos de las mismas. Esas operaciones
    incluían los procesos técnico-productivos; el manejo de personal y los
    salarios; la gerencia financiera y de inversiones; la administración de
    ventas, inventarios, distribución y mercadeo, entre otras. Para mantener
    las empresas funcionando y evitar el paro de su producción y el
    concomitante desempleo masivo, las expropiaciones fueron seguidas por el
    reemplazo de su personal ejecutivo con personas política e
    ideológicamente afines al Gobierno revolucionario. Pero el nuevo
    personal ejecutivo generalmente carecía de las calificaciones técnicas y
    administrativas de sus predecesores, lo cual tuvo como efecto casi
    inmediato la caída de los niveles de producción y eficiencia en
    prácticamente todas las empresas. Este deterioro de la capacidad
    productiva nacional fue la causa principal de que Cuba necesitara
    subsidios sustanciales de la Unión Soviética primero y de Venezuela
    después. Con el tiempo esta situación de depauperación gerencial donde
    la lealtad al Gobierno es más importante que la calidad de la
    administración empeoró, y así Cuba fue perdiendo la cultura de
    eficiencia productiva que la hizo un país solvente y relativamente
    próspero hasta 1959.

    Esto fue parte del legado de incapacidad de manejo de la economía que
    Fidel Castro le dejó a su hermano Raúl. La economía cubana no solo tiene
    ahora que recuperar una parte de las inversiones que mal manejó y perdió
    durante más de 50 años de negligencia administrativa, sino que también
    tiene que restaurar una parte sustancial de la capacidad administrativa
    que también se perdió. De no ser así, Cuba volverá a perder los recursos
    invertidos en capital físico por no estar complementados por el capital
    humano técnico y gerencial necesario, como ha sucedido en varios ciclos
    desde el comienzo de la era castrista. De ahí que la Ley de Inversión
    Extranjera no solo sirva para atraer capitales físicos sino también sus
    complementos humanos, como ha sido el caso de las inversiones
    extranjeras en turismo, lo que tiene importantes implicaciones para los
    cubanos.

    Una característica notable de esta ley es que excluye, sutil pero
    definitivamente, a los cubanos residentes en la Isla de participar como
    inversionistas en la economía del país, aunque no necesariamente a los
    que residen afuera. En este sentido la ley es ambigua y sujeta a ser
    aplicada a discreción por parte del Gobierno. El problema es que tal
    prohibición afecta a todos los ciudadanos cubanos de muchas maneras,
    sean o no empresarios o quieran o no ser inversionistas. Las
    expropiaciones castristas no se limitaron a las propiedades privadas que
    existían antes de 1960 sino también al derecho de los ciudadanos a
    invertir en su país, a crear la riqueza necesaria para su desarrollo, a
    tomar decisiones que los afectan directamente y a disfrutar de los
    beneficios de una participación activa en los asuntos económicos de la
    nación. Pero la nueva ley de inversiones extranjeras va en dirección a
    que los cubanos no solo queden excluidos como inversionistas en su país
    sino también como ejecutivos de esas inversiones por una razón obvia:
    los inversionistas extranjeros van a preferir llevar a Cuba sus propios
    ejecutivos porque han de confiar más en ellos que en los que el Gobierno
    cubano les asigne según estipula la propia ley.

    Efectivamente, en su artículo 30.1 dicha ley establece que los empleados
    de las inversiones extranjeras serán contratados “por una entidad
    empleadora a propuesta del Ministerio de Comercio Exterior y la
    Inversión Extranjera y autorizada por el Ministerio de Trabajo y
    Seguridad Social”. Con estas restricciones los cubanos están limitados
    no solamente a ser asalariados de empresas estatales o extranjeras, sino
    también a ocupar empleos de menor rango en la economía de su país. El
    apartheid turístico que existió en Cuba por varios años renace con más
    fuerza, de forma legal, con esta nueva disposición oficial.

    En estas condiciones, los efectos de la normalización de relaciones
    entre Cuba y EEUU dependerán de los grados de liberalización de la
    economía cubana que provengan de Washington y de La Habana. El
    levantamiento incondicional del embargo estadounidense sin que Cuba
    liberalice su economía hará el apartheid económico de los cubanos más
    profundo. Esto implica que siendo el ciudadano cubano más débil
    económicamente tendrá menos oportunidades de ganar en poder político. O
    sea, la Ley de Inversión Extranjera tiende a confirmar el dilema del
    presidente Obama según lo describí en un artículo anterior en este
    diario: si liberaliza demasiado (levantando el embargo) sin que Castro
    liberalice internamente, no logrará el objetivo (secundario) de mejorar
    las condiciones políticas de los cubanos, sino todo lo contario; acabará
    mejorando la economía en manos de la familia Castro y su entorno,
    aumentando su poder político y posiblemente desmantelando el sector
    cuentapropista que no necesitaría si las nuevas inversiones generan
    suficiente empleo. El Congreso de EEUU puede querer tener en cuenta
    estos puntos antes de levantar el embargo sin obtener nada a cambio.

    Source: Ley de Inversión Extranjera: más apartheid | Diario de Cuba –
    www.diariodecuba.com/cuba/1461596723_21916.html

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