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    Los verdaderos enemigos de la ley de Ajuste Cubano

    Ley de Ajuste Cubano, Cuba, EEUU

    Los verdaderos enemigos de la ley de Ajuste Cubano

    El Gobierno cubano ha denunciado la ley de Ajuste Cubano, como "la ley
    asesina", culpando unilateralmente al estatuto por la migración de miles
    de cubanos a la Florida, ignorando los factores internos del sistema
    económico y político en la Isla que los han empujado a irse de su país

    Arturo López-Levy, Miami | 30/08/2011

    En el año 2009, el congresista Mario Díaz-Balart dio una entrevista[1] a
    una estación de televisión en Naples, Florida, comparando a los
    cubano-americanos que viajan a Cuba para visitas familiares con los
    traficantes inescrupulosos que hicieron negocios con los nazis y el
    régimen del apartheid en África del Sur. La desafortunada analogía
    histórica de Díaz-Balart inició un ataque incesante por la extrema
    derecha cubano-americana contra la ley de Ajuste Cubano de 1966[2]. Los
    congresistas Mario Díaz-Balart y David Rivera, acompañados por el
    Senador Marco Rubio, argumentan que la ley está siendo mal usada por el
    amplio segmento de la comunidad Americana que viaja a Cuba.

    Por décadas, el Gobierno cubano ha denunciado la ley de Ajuste Cubano,
    como "la ley asesina"[3], culpando unilateralmente al estatuto por la
    migración de miles de cubanos a la Florida, ignorando los factores
    internos del sistema económico y político en la Isla que los han
    empujado a irse de su país. Pero esa interpretación nunca ha tenido
    ningún efecto en los gestores de política en EEUU. Desde 1966, ningún
    proyecto de ley derogando o enmendando la ley de Ajuste Cubano ha estado
    siquiera cerca de pasar el proceso congresional. El ajuste cubano da el
    beneficio de la residencia legal a la mayoría de los cubanos que arriban
    a Estados Unidos en búsqueda de derechos económicos y políticos que no
    tuvieron en su país. La ley también sirve al interés nacional de Estados
    Unidos al facilitar un flujo de emigrados cubanos, mayormente educados,
    que tienen familiares ya asentados en el país, y los tienden a ayudar
    para un aterrizaje menos traumático al de muchos emigrantes de otros países.

    Pero el hecho de que muchos cubanos, que emigran, discrepen del gobierno
    castrista no significa que concuerden con el embargo estadounidense
    contra Cuba. Esa política, que pretende dictar a un país soberano los
    tiempos y el contenido de cualquier transición, en función de la agenda
    de reclamación de propiedades y vendetta política de sus gestores, trata
    a todos los cubanos de la Isla, que no sean disidentes, incluyendo a los
    familiares de los cubano-americanos y el emergente sector no estatal
    como "enemigos de Estados Unidos". Más de 300.000 cubano-americanos
    están votando con sus pies[4] contra la restricción para viajar y la
    estrategia de asfixiar Cuba por hambre, enunciada en la ley
    Helms-Burton. Esto ha embravecido a toda la delegación congresional
    cubano-americana en Washington. Los primeros que están haciendo lo
    contrario a lo que ellos reclaman son sus propios constituyentes.

    La solución que han encontrado Marco Rubio, Díaz-Balart y David Rivera
    es meter miedo a la Comunidad Cubano-Americana con el cuento de que al
    permitir a los cubano-americanos visitar Cuba sin limitaciones, la
    Administración Obama puso en peligro la ley de Ajuste Cubano. Eso es
    simplemente falso. Desde 1978, los cubano-americanos han visitado su
    país de origen por cientos de miles y ningún partido mayoritario en el
    Congreso (Republicano o Demócrata), ni ningún presidente ha perdido
    tiempo tratando de derogar la ley de 1966.

    Llamemos el circo por lo que es. El único peligro a la ley de Ajuste
    Cubano hoy es la politiquería irresponsable de Marco Rubio, David Rivera
    y Mario Díaz-Balart.

    Los tres legisladores cubano-americanos han atraído atención hacia una
    ley de 1966, sobre la que ningún otro miembro del congreso ha expresado
    preocupación política efectiva. Al abrir un posible debate político y
    congresional sobre el estatuto, ellos han creado la enfermedad, de la
    que se proclaman remedio.Los legisladores Rivera, Díaz-Balart y Rubio
    están usando una hipotética anulación de la ley de Ajuste Cubano para
    culpar a la administración Obama por crear dinámicas que —según ellos—
    ponen en peligro las oportunidades de los cubanos para emigrar a EEUU.
    Eso es falso. Son ellos, no la Administración Obama los que han
    introducido un proyecto de ley, con el objetivo de derogar total o
    parcialmente (depende de las versiones presentadas) los beneficios
    migratorios para los cubanos bajo la misma.

    Los motivos políticos de la derecha cubano-americana no son difíciles de
    descubrir. Están luchando contra una tendencia histórica: los
    inevitables cambios demográficos en sus distritos producto de las
    experiencias vitalesy valores de los nuevos emigrantes desde Cuba. Tal
    proceso tendería a acelerarse si el Gobierno de Raúl Castro cambia sus
    regulaciones migratorias y facilita los viajes de un mayor segmento de
    la población cubana al exterior y particularmente a EEUU. Rivera, Rubio
    y Díaz-Balart saben que la mayoría de las personas arribando a la
    Florida desde la isla no votaran por ellos después de la naturalización.
    Por eso ponen las políticas parroquiales de Miami por encima del interés
    nacional norteamericano y recurren al truco de tratar de cerrar el flujo
    mientras culpan al presidente Obama de hacerlo. Escupen a sus electores
    y les dicen que está lloviendo.

    La ley de Ajuste Cubano no fue una conquista de la derecha
    cubano-americana como afirman los que repiten el mantra de ese sector
    político. En 1966, fue parte de las gestiones de la Administración
    demócrata de Lyndon Johnson para regularizar la presencia en territorio
    norteamericano de miles de cubanos, cuyo proceso migratorio de entrada
    no fue como refugiados bajo peligro de persecución o tortura, sino como
    escapados de un régimen comunista. Aun así la cobertura legal para
    aplicar a la ley esta diseñada para proteger a los Estados Unidos de un
    derecho automático a su amparo. El fiscal general regula aquellos
    elegibles a recibir su beneficio. Es por eso, por ejemplo, que varios de
    los arribados bajo Mariel, sobre los que se sospechaba falta de
    elegibilidad, fueron considerados "entrantes" y tuvieron que esperar a
    la reforma migratoria de la ley Simpson-Rodino en 1986 o simplemente
    siguieron siendo deportables.

    La ley de ajuste cubano es una ley emitida por Estados Unidos, una
    nación comprometida con los valores familiares. Marco Rubio debería
    dedicar parte del tiempo que usa para mencionar la Biblia y los padres
    fundadores a leer sus textos. Para Washington, Adams y Jefferson,
    promover familias unidas y fuertes es esencial para una sociedad
    "saludable". El lugar del gobierno limitado —en esa forma de pensar— no
    es decidir quién es primo o familiar, ni cuantas veces alguien debe
    visitar a su abuela, sino crear condiciones que faciliten el cuidado y
    la solidaridad de generación en generación. Benjamín Franklin, el
    primero de todos los norteamericanos, hizo incontables esfuerzos por
    abrazar a su hijo, antiguo gobernador del Estado de Nueva Jersey, y
    refugiado en Inglaterra tras ser derrotado por la revolución alentada
    por su padre. Al decir de Franklin los lazos con su hijo, eran del tipo
    "natural", e iban "más allá de las consideraciones políticas".

    Nada en la ley de Ajuste Cubano prescribe que sus beneficiarios se
    olviden de sus familiares o no viajen a verlos o los apoyen cuantas
    veces estimen convenientes. Como ha dicho el congresista republicano de
    Arizona, candidato al Senado por ese estado, Jeff Flake: "Separar
    familias, académicos y pueblo de fe no está en el interés nacional de
    EEUU". Ninguno de los que votaron por la ley de Ajuste de 1966 mencionó
    en momento alguno que sus beneficiarios no podrían regresar a Cuba para
    ver a sus familiares. Fue frente al gobierno cubano hasta 1978 que los
    emigrados tuvieron que reclamar su derecho a visitar su país de origen.
    Como escribió el Fiscal General Robert Kennedy al Secretario de Estado
    Dean Rusk, apenas dos años después de haberse impuesto las limitaciones
    a viajar a Cuba, la prohibición de viajar, fuera de los casos que
    afecten la seguridad nacional, es "inconsistente con las libertades
    norteamericanas fundamentales"[5].

    El presidente Obama no debe permitir a los enemigos de su política hacia
    Cuba intimidar a la comunidad cubano-americana con mentiras, para ganar
    votos en 2012. La Casa Blanca debe ratificar su apoyo a la ley de Ajuste
    Cubano de 1966 y aprovechar esta oportunidad para mostrar la separación
    entre el interés en recortar el estatuto de los congresistas
    republicanos cubano-americanos y las preferencias de sus constituyentes.
    Es una cuestión de demografía y política racional; la comunidad cubana
    ha cambiado[6]. Los legisladores pro-embargo tienen los relojes, pero
    los nuevos cubano-americanos, con vínculos permanentes con la Isla,
    tienen el tiempo.

    Una versión en inglés de este artículo se publicó en The Havana Note.

    [1] "One on One" transcript: U.S. Representative Mario Díaz-Balart
    interview highlights, Naplesnews.com.
    [2] Current or Recent Alien Adjustment Provisions (A. Cuban Adjustment).
    [3] "El problema migratorio y la irracional política norteamericana
    contra Cuba", por Randy Alonso, Granma.
    [4] "Cuban Americans Vote With Their Feet Against The Travel
    Prohibition", por Arturo López-Levy, The Havana Note.
    [5] "Robert F. Kennedy Advocated Ending the Ban on Travel to Cuba", por
    Kathleen Kennedy Townsend, The Washington Post.
    [6] "Not Your Father's Cuba", por Arturo López-Levy, Foreign Policy.

    http://www.cubaencuentro.com/opinion/articulos/los-verdaderos-enemigos-de-la-ley-de-ajuste-cubano-267598

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